Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos preventivamente, con goce de sueldo, en el marco de sumarios administrativos iniciados entre 2020 y marzo de 2026.
De ellos, 30 llevan más de tres años apartados de sus funciones. Solo en los diez casos más prolongados, el Estado ha desembolsado 671 millones de pesos en remuneraciones.
Ante las demoras, la Contraloría asumirá la tramitación de esos 30 sumarios e investigará posibles responsabilidades administrativas.
Además, otorgó 15 días hábiles a los organismos públicos para justificar o agilizar suspensiones que superen un año.
