El Tribunal Constitucional acogió gran parte de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra el proyecto Escuelas Protegidas, una de las principales iniciativas del Gobierno para enfrentar la violencia escolar.
Entre los puntos rechazados destaca la norma que impedía acceder a la gratuidad a personas condenadas por delitos graves, disposición que fue declarada inconstitucional y que podría impactar futuras iniciativas como el Registro de Vándalos.
El TC también limitó la revisión de mochilas en establecimientos educacionales, estableciendo que no podrá realizarse de forma forzosa y descartando la participación de policías sin orden previa de un fiscal.
Además, fueron rechazadas normas que sancionaban paralizaciones estudiantiles, prohibían ciertas vestimentas asociadas a violencia o drogas y permitían excluir de procesos de admisión a estudiantes previamente expulsados.
La sentencia representa una importante derrota para el Ejecutivo, que ahora deberá esperar la fundamentación oficial del fallo para evaluar los efectos sobre el proyecto y otras reformas en trámite.
