La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la ejecución del Censo 2024, tras una auditoría realizada a los contratos gestionados por el Instituto Nacional de Estadísticas.
El informe reveló que 16 censistas mantenían antecedentes penales por delitos como robo, estafa, lesiones y tráfico de drogas. Además, se constató la contratación de 14 extranjeros sin autorización laboral y más de 130 trabajadores que no acreditaron los requisitos educacionales exigidos.
La auditoría también cuestionó pagos por 166 millones de pesos a censistas cuya labor no fue verificada y detectó funcionarios que trabajaron simultáneamente en otros servicios públicos sin declararlo.
Ante estos antecedentes, la Contraloría ordenó un sumario administrativo, formuló un reparo por 315 millones de pesos y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.
