El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso el proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una base de datos que incluirá a personas condenadas o sancionadas por daños a bienes públicos, rayados no autorizados, destrucción de mobiliario urbano, agresiones a funcionarios y otras conductas que afecten la convivencia ciudadana.
La iniciativa, anunciada durante la Cuenta Pública, contempla restricciones administrativas y la suspensión temporal de algunos beneficios estatales para quienes integren este registro, con el objetivo de desincentivar acciones que deterioren los espacios públicos.
El proyecto ha generado debate político y jurídico. Mientras sus partidarios afirman que fortalecerá la seguridad y la protección del patrimonio público, sus detractores cuestionan su constitucionalidad y advierten sobre posibles vulneraciones de derechos al aplicar sanciones adicionales a personas que ya fueron juzgadas por los mismos hechos.
